Nueve días
A medianoche del 20 de abril de 2026 expira la Sección 702 de la Foreign Intelligence Surveillance Act, la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera. El Congreso está en receso hasta el lunes. Cuando los legisladores regresen el 13 de abril, tendrán aproximadamente cuatro días legislativos para decidir la suerte de la facultad de vigilancia sin orden judicial más poderosa del arsenal del gobierno federal.
La Sección 702 autoriza a la NSA a recabar las comunicaciones de personas no estadounidenses situadas en el extranjero mediante la cooperación forzosa de los proveedores de la red troncal de internet: AT&T, Verizon, Google, Microsoft, Apple. La recopilación ocurre en suelo estadounidense, en servidores estadounidenses, a través de empresas estadounidenses. Y como internet no clasifica las conversaciones por nacionalidad, la base de datos contiene inevitablemente los correos electrónicos, los mensajes de texto y las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses que nunca fueron objetivo de nada.
El FBI puede buscar en esa base de datos comunicaciones de estadounidenses sin orden judicial. Lo hizo 7.413 veces en 2025 —un 35 por ciento más que el año anterior—, según un informe de transparencia firmado por el subdirector en funciones del FBI, Ted Groves. La Privacy and Civil Liberties Oversight Board, la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles —hoy un órgano de un solo miembro después de que el presidente Trump destituyera en 2025 a sus tres integrantes demócratas—, publicó el 2 de abril un informe de su personal que constataba un 98,5 por ciento de cumplimiento de las nuevas normas de consulta y señalaba que dos tercios del Informe Diario del Presidente en 2025 contenían inteligencia derivada de la 702.
Las dos cifras son ciertas. Ninguna de las dos zanja la discusión.
Las cuentas que no salen
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, planea llevar al pleno una prórroga limpia de 18 meses —una reautorización sin reformas— la semana del 14 de abril. El problema es aritmético.
El Congressional Progressive Caucus ha disciplinado a 98 demócratas de la Cámara en una posición vinculante contra cualquier reautorización que no incluya «reformas drásticas»: la primera vez en la historia del CPC que el caucus adopta esta postura en una votación sobre vigilancia. El demócrata de mayor rango en el Comité Judicial, Jamie Raskin, envió una carta a todos sus colegas instándolos a oponerse: «Los tiempos han cambiado. Las salvaguardas establecidas en 2024 han sido gravemente erosionadas por la Administración Trump.»
En el otro bando, unos 12 congresistas republicanos —encabezados por las representantes Lauren Boebert y Anna Paulina Luna y por miembros del Freedom Caucus— amenazan con bloquear la votación de la regla, el trámite procedimental que fija las condiciones del debate en el pleno. Boebert ha condicionado su voto a la aprobación de la SAVE Act. Luna contó a Axios que Johnson la increpó en el pleno de la Cámara el 27 de marzo y le dijo que cargaría con la responsabilidad de «miles de muertes de estadounidenses». La versión de Luna: «Me estaban dando una azotaina en el pleno.»
Johnson puede permitirse perder un republicano en la votación procedimental de la regla si no cuenta con ayuda demócrata. Ahora mismo afronta doce defecciones. Una prórroga limpia probablemente saldría adelante en el pleno con apoyo bipartidista —el demócrata de mayor rango del Comité de Inteligencia, Jim Himes, está presionando a los demócratas para que voten a favor—, pero la votación de la regla es el cuello de botella.
Jim Jordan, adalid en 2024 de la enmienda que exigía orden judicial y que votó contra la reautorización cuando su propia enmienda fracasó, cambió de postura a mediados de marzo y ahora respalda la prórroga limpia, alegando el conflicto con Irán y calificándola de medida «a corto plazo». Darrell Issa lo siguió. El Partido Republicano institucional se está alineando con la prórroga. El Freedom Caucus, no.
El argumento del registro de armas que nadie esperaba
El 10 de abril de 2026, el Washington Times publicó una tribuna firmada por Bob Goodlatte —expresidente del Comité Judicial de la Cámara, hoy en el Project for Privacy and Surveillance Accountability— y Brandon Combs, presidente de la Firearms Policy Coalition. Su argumento: los datos de la Sección 702, combinados con datos de localización y de transacciones comprados en el mercado y procesados por IA, crean las condiciones para un registro federal de armas de facto, algo que el Congreso prohíbe expresamente desde 1986.
El argumento no es hipotético. La ATF realizó 549 búsquedas de reconocimiento facial con Clearview AI sobre propietarios de armas entre 2019 y 2022 sin política alguna, sin evaluación de riesgos y sin formación. La ATF conserva aproximadamente mil millones de registros digitalizados de transacciones de armas de fuego. El FBI tiene 27 millones de dólares en licencias de Babel Street Locate X —5.000 puestos— capaces de geovallar armerías, campos de tiro y licenciatarios federales de armas. Y el 18 de marzo el director del FBI, Kash Patel, declaró ante el Comité de Inteligencia del Senado bajo juramento que el FBI compra datos comerciales de localización y se negó a comprometerse a dejar de hacerlo.
El senador Wyden lo apremió: «¿Se compromete usted a no comprar los datos de localización de los estadounidenses?» Patel se negó, diciendo que el FBI «utiliza todas las herramientas» y compra «información disponible comercialmente que es compatible con la Constitución».
Este es el electorado al que el movimiento por la privacidad nunca ha logrado llegar. El marco del registro de armas arrastra al campo reformista a los conservadores de la Segunda Enmienda. La tribuna de Goodlatte y Combs se publicó el mismo día que una carta de unos 50 exaltos cargos de seguridad nacional —entre ellos el exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper, el exdirector de la CIA John Brennan y el exdirector del FBI Christopher Wray— que reclamaba una prórroga limpia. El senador Mike Lee respondió: «El espionaje gubernamental sin orden judicial sobre ciudadanos estadounidenses lo ha usado el Estado profundo para atacar por igual a la campaña y los allegados del presidente Trump, a miembros del Congreso y a estadounidenses trabajadores y respetuosos de la ley.»
El resquicio de los corredores de datos
Las compras de datos comerciales del FBI no son una cuestión secundaria. Son la razón estructural por la que existe el debate sobre la reforma de la 702.
El 9 de abril de 2026, Citizen Lab publicó "Uncovering Webloc", un informe que documenta un sistema de vigilancia por geolocalización construido sobre datos publicitarios que rastrea hasta 500 millones de dispositivos móviles. Webloc, desarrollado por la empresa israelí Cobwebs Technologies y vendido ahora por Penlink, cosecha identificadores de dispositivo y coordenadas GPS del ecosistema de pujas en tiempo real que sostiene la publicidad móvil. Puede rastrear los movimientos de un dispositivo hasta tres años hacia atrás y desanonimizar a su propietario infiriendo sus domicilios particular y laboral.
Entre sus clientes conocidos figuran el ICE, el ejército estadounidense, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, fiscalías de distrito de la ciudad de Nueva York y las policías de Los Ángeles, Dallas y Baltimore. Cuando la oficina del senador Wyden concertó una sesión informativa con el ICE sobre el contrato, el ICE la canceló la víspera sin explicación y sin ofrecer una nueva fecha.
El mecanismo es el mismo que alimenta las licencias de Babel Street del FBI y el acuerdo marco de compra con Palantir por 1.000 millones de dólares que el DHS cerró en febrero de 2026. Cada vez que una aplicación móvil muestra un anuncio, una solicitud de puja que contiene la localización GPS precisa del dispositivo, su identificador publicitario y su tipo de aparato se difunde a decenas o centenares de empresas en milisegundos. Las firmas de vigilancia que participan en el proceso de pujas succionan los datos incluso sin ganar el anuncio. Los corredores de datos los agregan. El gobierno los compra.
Sin orden judicial. Sin causa probable. Sin control judicial. La Cuarta Enmienda, que exige una orden judicial para registrar los bienes de una persona, se considera inaplicable porque entre la vigilancia y el gobierno se interpone una transacción comercial.
La Wyden-Lee Government Surveillance Reform Act (S.4082), presentada el 12 de marzo de 2026, cerraría este resquicio por primera vez. Prohibiría a las agencias federales comprar datos de estadounidenses a los corredores sin orden judicial, exigiría orden judicial para las consultas del FBI sobre comunicaciones de personas estadounidenses al amparo de la 702, restauraría la independencia de la PCLOB y estrecharía la definición ampliada de "electronic communication service provider" —proveedor de servicios de comunicación electrónica— que introdujo la ley RISAA de 2024. La respaldan más de 130 organizaciones de la sociedad civil. Es el único vehículo de reforma bipartidista y bicameral que hay sobre la mesa.
La colisión del filtrado
El 17 de marzo de 2026, un juez del Foreign Intelligence Surveillance Court —el tribunal de vigilancia de la inteligencia extranjera, o FISC— dictó una resolución clasificada que concluía que el enfoque propuesto por la comunidad de inteligencia para filtrar los datos de la 702 "could present deficiencies", podría presentar deficiencias. El problema no se limita al FBI. El FISC detectó problemas en toda la comunidad de inteligencia: las herramientas de filtrado que los analistas usan para cribar los datos en bruto de la Sección 702 no funcionan como se afirma. El FBI había suspendido su antigua "Advanced Filter Function" —función de filtrado avanzado— tras problemas de cumplimiento anteriores, pero ahora, según el tribunal, está "using another tool with the same functionality", usando otra herramienta con la misma funcionalidad.
La Casa Blanca tiene hasta el 16 de abril para responder a la resolución del FISC, cuatro días antes de que decaiga la ley. Esta colisión no es accidental. El Congreso debe decidir si prorroga una facultad de vigilancia sobre cuya filtración su propio tribunal de control acaba de advertir de deficiencias, durante la misma semana en que el poder ejecutivo debe explicar cómo piensa corregir la deficiencia.
Por separado, el FISC renovó las certificaciones de la 702 por otro año, según se notificó al Congreso el 10 de abril. Eso significa que la autorización judicial para la recopilación continúa, pero la autorización carece de sentido si el Congreso no renueva la ley que la sustenta.
La red que ya está comprometida
El argumento más fuerte de los halcones de la seguridad a favor de la prórroga es Salt Typhoon, una campaña de espionaje china que ha comprometido al menos 200 empresas de telecomunicaciones en todo el mundo y que, según la propia evaluación del FBI, «sigue estando muy presente». AT&T y Verizon —dos de los mayores socios de recopilación de la 702— han bloqueado la entrega al Congreso de la evaluación de seguridad de Mandiant. La senadora Cantwell dijo que no hay «ninguna razón para pensar que el ataque haya sido completamente subsanado».
La carta de los exaltos cargos de seguridad nacional es explícita: «No podemos permitirnos que nuestra comunidad de inteligencia pierda esta herramienta que contribuye a mantener segura a nuestra nación, ni siquiera un día.»
Pero hay una ironía estructural que la carta no aborda. La recopilación de la Sección 702 circula por la misma infraestructura de telecomunicaciones que Salt Typhoon comprometió. El gobierno está vigilando una tubería que un adversario extranjero ya ha pinchado. Cada comunicación consultada atraviesa redes que China podría seguir monitorizando. La premisa de la 702 —que se puede recabar inteligencia de una red doméstica segura y consultarla con controles adecuados— queda socavada por el hecho de que la red no es segura y de que los controles podrían, según la propia conclusión del FISC, presentar deficiencias.
Ni prorrogar la ley ni dejarla decaer aborda esto. La pregunta es si el Congreso usará la ventana de nueve días para arreglar la arquitectura, o si prorrogará un marco roto dieciocho meses más porque arreglarlo es más difícil que prorrogarlo.
El cielo no se cae el 21 de abril
La carta de Raskin, el demócrata de mayor rango, a sus colegas incluye un dato que los partidarios de la prórroga omiten sistemáticamente: «La FISA permite explícitamente que las certificaciones existentes continúen más allá de la fecha de expiración.»
Si la Sección 702 expira el 20 de abril, las certificaciones renovadas del FISC —emitidas el 10 de abril, válidas por un año— permiten que la recopilación en curso continúe al amparo de esas certificaciones concretas hasta que caduquen. La comunidad de inteligencia no se queda a ciegas el 21 de abril. No podrían emitirse nuevas certificaciones ni añadirse nuevos objetivos, pero la arquitectura de vigilancia existente sigue operativa.
El Cato Institute publicó un análisis en abril de 2026 en el que muestra que ya existen las condiciones legales y técnicas para que el FBI use IA para blanquear predicados procedentes de las Assessments del FBI y convertirlos en consultas de la 702, y que tres de los cuatro mecanismos de control diseñados para detectar ese abuso han sido «eliminados o comprometidos políticamente desde enero de 2025». El director Patel disolvió la Oficina de Auditoría Interna en mayo de 2025.
De qué van realmente los próximos nueve días
Los 50 exaltos cargos de seguridad nacional quieren una prórroga limpia. Las 130 organizaciones de la sociedad civil quieren reforma. El Caucus Progresista quiere reforma drástica o nada. El Freedom Caucus quiere que se le adjunte la SAVE Act. El presidente de la Cámara puede permitirse perder un voto. El presidente del país quiere una prórroga limpia y también quiere la SAVE.
La GSRA de Wyden y Lee haría cuatro cosas: exigir orden judicial para las consultas del FBI a datos de estadounidenses obtenidos con la 702, cerrar el resquicio de los corredores de datos, restaurar la independencia de la PCLOB y estrechar la definición ampliada de proveedor que introdujo la RISAA. Tiene patrocinadores bipartidistas en ambas cámaras. Tiene más de 130 respaldos. No está en el calendario del pleno.
Lo que sí está en el calendario del pleno es una prórroga limpia de 18 meses que no cierra el resquicio de los corredores de datos, no exige orden judicial y no aborda la conclusión del FISC del 17 de marzo sobre el filtrado. Prorroga una ley cuyos propios mecanismos de control han sido desmantelados sistemáticamente —la PCLOB vaciada, la OIA disuelta, las resoluciones clasificadas del FISC censuradas— por otro año y medio, con la teoría de que las amenazas son demasiado urgentes como para reformar nada.
Las amenazas son reales. Salt Typhoon es real. Los dos tercios del PDB que usan inteligencia de la 702 son reales. Pero las compras a corredores de datos también son reales, y las consultas sin orden judicial también son reales, y las herramientas de filtrado señaladas por el FISC también son reales, y también es real el hecho de que las mismas telecos que recaban los datos de la 702 están ahora mismo comprometidas por una campaña de espionaje china de la que nadie puede confirmar que haya sido subsanada.
La red está comprometida en las dos direcciones. Prorrogar la ley sin arreglar la arquitectura no es seguridad. Es continuidad.
Lo que puedes hacer antes del lunes
El Congreso regresa el 13 de abril. El Comité de Reglamento de la Cámara podría incluir la FISA en su calendario ya el 14 de abril. Llama a la oficina de tu representante antes del lunes por la mañana y dile que apoyas la Wyden-Lee Government Surveillance Reform Act (S.4082) o, como mínimo, la exigencia de orden judicial para las consultas del FBI a datos de estadounidenses y el cierre del resquicio de los corredores de datos. La EFF mantiene una herramienta para identificar a tu representante y su posición actual.
Los nueve días empiezan ahora.
Para seguir leyendo
- Wyden-Lee Government Surveillance Reform Act, S.4082, presentada el 12 de marzo de 2026.
- EFF, "We Need You: Our Privacy Cannot Afford a Clean Extension of Section 702".
- Citizen Lab, "Uncovering Webloc" (9 de abril de 2026).
- Cato Institute, "AI-Assisted Predicate Laundering" (abril de 2026).
- Washington Times, "Will Section 702 become a backdoor gun registry?" (10 de abril de 2026).
- Nextgov, "FISC renews procedures for 702 program that could soon lapse" (abril de 2026).
- Comunicado del CPC, oposición vinculante a una reautorización limpia (marzo de 2026).
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